Florida – La pequeña comunidad de la Iglesia de Santidad Vida Nueva, en Wimauma, Florida, atraviesa días de profunda tristeza tras la deportación de su pastor, Maurilio Ambrocio, un guatemalteco de 42 años que había vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas.

Ambrocio fue uno de los aproximadamente 100 ciudadanos guatemaltecos expulsados recientemente en un vuelo desde Nueva Orleans. Según informaron medios locales, pudo contactar a su familia una vez llegado a Guatemala y recibió instrucciones para su reintegración en el país.

El pastor había llegado a Estados Unidos a los 15 años y desde entonces había establecido su vida en Florida, donde junto a su esposa crió a cinco hijos, todos nacidos en territorio estadounidense. Aunque no tenía residencia legal, durante años logró permanecer gracias a una suspensión de deportación que requería revisiones periódicas y conducta intachable.

En abril fue arrestado durante una cita en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tampa. La agencia confirmó que su permanencia en el país no estaba regularizada, pero no ofreció detalles adicionales. La detención y posterior deportación dejaron a su familia en una situación crítica, tanto emocional como económica.

Su hija mayor, de 19 años, expresó que la familia sintió alivio al saber que su padre ya no estaba bajo custodia, aunque siguen con el corazón roto por la separación. El propio Ambrocio relató que el tiempo detenido fue extremadamente duro, y que las condiciones a las que fue sometido lo afectaron físicamente, llegando a perder más de 10 kilos.

«Sabemos que no somos criminales ni malas personas», expresó, reflexionando sobre lo vivido. «Ahora tenemos que levantarnos y ver cómo seguimos adelante».

La situación también ha sido devastadora para su esposa, Marleny, quien teme por el futuro de sus hijos sin el sustento del padre. “¿Cómo vamos a sobrevivir?”, cuestionó en declaraciones a medios estadounidenses. La incertidumbre financiera y emocional se suma al dolor de la separación familiar.

Este no ha sido un caso aislado. Bajo el endurecimiento de las políticas migratorias en los últimos años, se han registrado numerosos casos similares de deportaciones de personas sin antecedentes penales graves, lo que ha generado preocupación entre comunidades de fe y defensores de los derechos humanos.

Entre los afectados recientemente también se encuentra César Reyes, un guatemalteco que residía en Oklahoma y que incluso había sido asesor del gobernador del estado. A pesar de llevar una vida estable, estar casado y tener un hijo pequeño, fue deportado tras años de lucha legal contra una orden de expulsión. Reyes manifestó sentirse desilusionado por el proceso, y expresó su anhelo de regresar legalmente para reencontrarse con su familia.

Asimismo, en Los Ángeles, un pastor evangélico alzó la voz luego de que cinco miembros de su congregación iraní fueran detenidos por las autoridades. La pareja principal del grupo, solicitantes de asilo, había huido de Irán por motivos religiosos y llevaba más de un año asistiendo a la iglesia sin registrar antecedentes penales.

“La escena me recordó a los temores vividos en Irán”, lamentó el líder religioso, señalando que la pareja buscaba libertad y en cambio se vio enfrentada a la posibilidad de deportación.

La persecución religiosa también ha afectado a cristianos afganos. En Carolina del Norte, un grupo de refugiados que asistía regularmente a una iglesia local recibió recientemente órdenes de abandonar el país. Integrantes de la comunidad cristiana han intentado interceder ante autoridades y representantes políticos, aunque hasta el momento no han logrado revertir las decisiones.

Estos episodios reflejan un patrón creciente de medidas migratorias estrictas que, si bien buscan reforzar la seguridad fronteriza, han tenido como consecuencia la ruptura de familias y comunidades enteras, incluso en contextos donde los afectados se habían integrado de forma pacífica y contribuyente.