Un nuevo reporte de 68 páginas arroja más luz sobre como el Ejercito de Myanmar y el gobierno civil pueden estar cometiendo crímenes de guerra al bloquear ayuda humanitaria que podría salvar vidas a decenas de miles de desplazados por la violencia en el estado de Kachin durante los últimos siete años.
Conforme Myanmar enfrenta la creciente presión internacional sobre sus abusos genocidas contra las minorías Rohingya en el estado de Rakhine, el nuevo reporte por grupos de derechos humanos Fortify Rights alerta que las autoridades de Myanmar están “militarizando” y bloqueando la ayuda en Kachin – donde residen predominantemente las minorías cristianas.
El reporte también sugiere que China ha urgido privadamente a Myanmar que impida a los grupos de ayuda y a las Naciones Unidas que ayuden a las decenas de miles de personas en la Provincia Yunnan en la frontera con China.
“Gobiernos consecutivos y la milicia han obstruido deliberadamente a los grupos de ayuda local e internacional, negándole a los ciudadanos Kachin el acceso a la ayuda,” dijo Matthew Smith el CEO de Fortify Rights en un comunicado. “Esto puede ser considerado como un crimen de guerra, dando incluso más razón al Consejo de Seguridad de la ONU para referir a Myanmar a la Corte Criminal Internacional.”
Aunque se conoce desde que termino el cese al fuego en 2011 entre las fuerzas militares y los rebeldes que los ciudadanos Kachin han carecido de acceso adecuado a la ayuda, el nuevo reporte, a través de 195 entrevistas hechas durante los últimos cinco años, provee una mirada más detallada sobre cómo y porque la ayuda no ha llegado a esas comunidades.
El reporte asegura que hay más de 106,000 civiles étnicos desplazados por conflictos en ambos estados Kachin y Shan que al presente están viviendo en más de 140 sitios de desplazamiento.
Fortify Rights visitó 20 campos de desplazamiento en Kachin para entrevistar a testigos, sobrevivientes, oficiales de Naciones Unidas, abogados de ayuda humanitaria, soldados pertenecientes a Armada de la Independencia Kachin (KIA por sus siglas en ingles) y representantes de la Organización de la Independencia Kachin.
“Bloquean todo”, dijo un hombre de 60 años quien es desplazado Kachin en el territorio controlado por el Ejercito de Myanmar, añadiendo que “no hay comida para las personas en la frontera.”
El hombre les dijo a los investigadores que “todos los camiones que están tratando de cruzar a las áreas controladas KIA están siendo bloqueados.”
El grupo de derechos reporta que, desde junio del 2017 a julio del 2018, el gobierno civil de Myanmar (que está encabezado por el Premio Nobel de la Paz el aclamado Aung Sang Suu Kyi y que tiene control sobre la armada) solo provee aprobación incondicional a aproximadamente 5 porciento de 562 solicitudes de “autorizaciones de viaje” presentadas por agencias internacionales de ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas en las áreas de Kachin controladas por el gobierno.
Un porcentaje mucho más bajo de requisiciones fue aprobado para grupos de ayuda buscando acceso a las áreas controladas por el KIA.
En Kachin varias iglesias sirven como refugios para los desplazados. La Convención Kachin Bautista es uno de los proveedores de ayuda en la región.
Sin embargo, el reporte resalta como las autoridades de Myanmar mandaron una carta a la convención en mayo amenazándolos de persecución bajo la Ley de Asociaciones Ilegales porque la convención estaba viajando a entregar ayuda a las áreas controladas por KIA. La condena es de hasta con tres años en prisión, alertó Fortify Rights.
El reporte explica que incluso cuando se le permite viajar a los grupos de ayuda, hay “condiciones gravosas” que limitan la efectividad de la ayuda que se provee. Esas condiciones incluyen restricciones de las rutas en el viaje, localidades de entrega y los tipos de ayuda que puede ser provista.
Fortify Rights alerta que los grupos de ayuda “casi han parado” de enviar peticiones al gobierno civil para acceso a el territorio controlado por KIA.
El grupo de derechos mantiene que el gobierno civil muestra “continuidad” en las políticas del Presidente Thein Sein que “privan a los ciudadanos afectados por la guerra KAI de la ayuda humanitaria adecuada.” Suu Kyi ha estado en el poder desde el 2016.
De acuerdo a Reuters, Myanmar se dice que ha reportado “alegaciones falsas.”
El reporte nota que la población desplazada en Kachin enfrenta una falta de acceso a cuidado médico y muchos son forzados a vivir en refugios que necesitan reparaciones y son muy pequeños para acomodar a los residentes.
Adicionalmente, las personas desplazadas están expuestas al frio y las condiciones de nevadas invernales sin tener ropa de cama apropiada y ropa caliente.
“Sin la ayuda necesaria y asistencia en campos los ciudadanos desplazados comúnmente son forzados a tomar viajes riesgosos, incluyendo a través de zonas de conflicto armado activo y a través de la frontera con China, en busca de comida, sustento y artículos esenciales” indica el reporte. “La presencia de la Armada Birmana y el siempre presente uso de minas terrestres por la Armada Birmana y el KIA aumenta el riesgo para los civiles que viajan fuera de los campos de desplazamiento.”
Desde que terminó el cese al fuego entre la armada y los rebeldes Kachin en 2011, más de 400 villas Kachin han sido reportadas como destruidas.
La semana pasada una misión de investigación de la ONU publicó un reporte de 20 páginas pidiéndole a la milicia de Myanmar que investigue los actos de genocidio en el estado Rakhine y los crímenes contra la humanidad en los estados Kachin y Shan.
“Estas políticas y practicas violan las obligaciones de Myanmar bajo la ley internacional y equivalen a conducta criminal. También son injustificadas; una necesidad militar nunca justificara la matanza indiscriminada, violaciones grupales a las mujeres, asaltar a los niños y quemar villas enteras,” indica el reporte de la misión. “Las tácticas [de la Armada Birmana] son constantemente y gravemente desproporcionales a las amenazas de seguridad actuales, especialmente en el estado Rakhine pero también al norte de Myanmar.”